LAS COMUNAS PORTEÑAS: UNA INSTITUCIÓN RESISTIDA

Las Comunas porteñas son gobiernos locales de los barrios, diferentes al gobierno central de la Ciudad; de la misma forma que los gobiernos municipales de cualquier provincia, son diferentes al gobierno provincial. Sin embargo, ningún habitante de un Municipio desconoce que tiene un gobierno municipal, mientras que muchos porteños no tienen idea de que cuentan con un gobierno local llamado Comuna. Explicar este fenómeno es lo que intentaremos hacer en esta nota.

La Ciudad de Buenos Aires adquiere el carácter de autónoma, que la asimila, en muchos aspectos, a cualquier Provincia del país, con la Constitución Nacional de 1994. En el año 1996 se elige por primera vez Jefe de Gobierno y Constituyentes, quienes dictan la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese mismo año. En el Título VI de dicha Constitución se establecen las Comunas como un cuarto Poder institucional, diferente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo se dictamina que deben estar funcionando, a más tardar, en Octubre del año 2001.

A pesar de ese mandato constitucional, recién en julio del año 2011 se hicieron las primeras elecciones comunales; diez años después de lo estipulado. Semejante tardanza pone de manifiesto la resistencia que generaron y generan aún las Comunas.

De hecho, si un grupo de vecinos de distintos barrios de la ciudad no se hubieran decidido a luchar para que se sancione la Ley Orgánica de Comunas que las materialice, es muy probable que todavía estarían sin funcionar. Como sigue sin realizarse el Presupuesto Participativo, también establecido en la Constitución, pero que nunca se concretó, por no sancionarse la ley que reglamente la forma de ejecutarlo.

Sería largo y un tanto tedioso relatar las diversas alternativas de esa larga lucha vecinal para conseguir que las Comunas funcionen. Baste decir que comenzaron llamándose Red de Vecinos de Buenos Aires – la mayoría de ellos provenientes de las asambleas barriales iniciadas en el año 2001 – para, luego de algunos cambios, denominarse Vecinos del Encuentro y posteriormente, formar el Movimiento Comunero, que continúa todavía la lucha iniciada hace dieciocho años. Para tener una idea de la dificultad e intensidad de la misma, téngase en cuenta que se tardaron casi cinco años para conseguir que se sancione la ley – del 2001 al 2005 – casi seis – del 2005 al 2011 – para lograr que la ley sancionada se empiece a ejecutar a través de las primeras elecciones comunales y ocho años bregando para que se les otorguen las funciones y los recursos económicos propios con que deben contar.

¿Cuales son los motivos para que las Comunas sean tan larga e intensamente resistidas? ¿Qué factores pesan en gran parte de la dirigencia política de la ciudad, para que vean en las Comunas una institución amenazante?

Una primera razón es que las Comunas constituyen una descentralización del poder político institucional de la ciudad; es decir, implican transferir a los gobiernos barriales locales, la facultad de decidir y realizar una cantidad de obras y acciones públicas, hoy concentradas en el Poder Ejecutivo central de la ciudad. De manera que son percibidas como una pérdida de poder.

Pero existe una segunda razón, mas profunda y poderosa aún: las Comunas son gobiernos locales participativos en los cuales los ciudadanos disponen de un organismo público de participación popular – los Consejos Consultivos Comunales – para intervenir directamente en las decisiones sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en sus barrios y para controlar la gestión de las autoridades electas. Si la descentralización es percibida como una pérdida de poder, la participación ciudadana en las decisiones y el control de lo público, es vivida por muchos funcionarios como una amenaza realmente mortal. De ahí las profundas resistencias que genera la puesta en funcionamiento de las Comunas.

A pesar de estas percepciones y vivencias, la realidad política resulta ser todo lo contrario. La descentralización y la participación ciudadana aumentan sensiblemente el poder, tanto de los funcionarios electos que están dispuestos a trabajar junto con los ciudadanos, como de los mismos ciudadanos y de la comunidad en su conjunto. Además, la cercanía de un gobierno barrial y la necesidad de buscar consensos entre los vecinos y los funcionarios electos que implican las Comunas, significan una enorme oportunidad para que se tomen y se realicen las mejores políticas y obras públicas. Un análisis mas detallado de esta oportunidad que generan las Comunas, si funcionaran como lo establecen la Constitución y la Ley 1777, será tema de una próxima nota.

RENTABILIDAD, ECONOMÍA Y BIENESTAR SOCIAL

Se sabe que la economía es el sistema de producción, distribución y consumo de bienes de una sociedad, pero resulta importante saber también, la importancia y función que dicha sociedad le asigna entre el resto de las actividades que desarrolla. No es lo mismo un conjunto humano que prioriza la actividad económica sobre todas las demás, que otro que le asigna mayor relevancia a otras actividades, como la familiar o la tribal, la social, la religiosa o la política.

En el mundo actual la convicción dominante, es que la actividad económica es la más relevante. De manera que todas las otras actividades están en un lugar de menor importancia y se considera que le deben estar subordinadas. Esta creencia economicista viene acompañando el desarrollo del capitalismo desde su origen, y a medida que se fue consolidando en todo el planeta, la cultura mundial la incorporó como si fuera un dogma inobjetable. Agregándole dos más: que el bienestar social depende del desarrollo de la economía y que el desarrollo de la economía depende de la rentabilidad que obtengan las empresas.

La influencia de este credo en el establecimiento de políticas públicas no es menor. Un ejemplo cercano de dicha influencia, fue la decisión y justificación de los tarifazos, vividos en nuestro país. Se argumentó que las tarifas debían aumentarse para asegurar la rentabilidad de las empresas, porque sin esta rentabilidad, la economía se distorsionaría hasta hacerse inviable; y, si así fuera, todos los miembros de la sociedad se verían perjudicados. Refiriéndose a un tema específico como el de las tarifas de servicios públicos, se repitió el cuerpo dogmático establecido: que el bienestar de la gente depende del buen funcionamiento de la economía y que éste depende de que las empresas obtengan rentabilidad. Ergo, hay que asegurar la rentabilidad empresaria, para que los integrantes de la sociedad tengan bienestar. El principio organizador capitalista, según el cual la sociedad debe organizarse en función de asegurar y hacer crecer la rentabilidad del capital, en su más clara expresión. La realidad, sin embargo, fue que las condiciones de vida de los compatriotas se deterioraron sensiblemente con los tarifazos y su malestar aumentó en forma considerable, en tanto las empresas obtenían altas rentabilidades.

La argumentación esgrimida contiene varios supuestos que se pueden poner en tela de juicio fácilmente. Que si es inviable la economía, es inviable la sociedad, es uno de ellos; que sin rentabilidad empresaria la economía es inviable, es otro; que sin rentabilidad empresaria ni economía viable, el bienestar del pueblo es imposible. Si bien resulta obvio que ninguna sociedad puede existir sin producción y distribución de bienes, no resulta para nada obvio, que sin éste sistema económico en particular – el capitalista – ninguna sociedad es viable. Tampoco es cierto que sin rentabilidad empresaria la economía no puede funcionar, ni la sociedad subsistir; durante milenios las sociedades humanas subsistieron sin contar con empresas y menos aún con empresas rentables. Por último, no exige mayor observación detectar que la mayor rentabilidad empresaria no asegura el bienestar popular; desde hace un tiempo la humanidad viene comprobando, dolorosamente, que la realidad parece ser todo lo contrario.

Pero en lugar de criticar estas argumentaciones, resulta más interesante explorar la posibilidad de pensar de otra manera, sobre el lugar que debe ocupar la economía en una comunidad. Se puede plantear, por ejemplo, que el bienestar social o el buen vivir de los integrantes de una comunidad, es el valor y objetivo prioritario de la sociedad, en lugar del de producir y consumir cada vez más bienes.

Sobre la base de este principio social organizador, diferente al capitalista, podríamos continuar razonando y establecer que la economía debe subordinarse a este bienestar. Es decir, que el sistema de producción, distribución y consumo de bienes, debe funcionar para asegurar el bienestar de la población. Principio de un sentido común obvio y evidente, que, sin embargo, la cultura capitalista se encargó astutamente de confundir, identificando bienestar o buen vivir con consumo creciente y casi compulsivo de bienes y servicios. Finalizando con este razonamiento, podemos establecer que las empresas deben obtener rentabilidad, siempre que contribuyan a desarrollar una economía que facilite el buen vivir y bienestar social del pueblo.

En síntesis: que la rentabilidad de las empresas se justifica, por su contribución a hacer funcionar una economía que, a su vez, está orientada a facilitar el bienestar y el buen vivir de los integrantes de la comunidad. Esto es lo que plantean, implícitamente, las pequeñas, medianas y hasta algunas grandes empresas, ante la profunda crisis y recesión económica reinante en el país. En efecto, sus demandas y propuestas para proteger y apoyar el desarrollo de sus empresas, se fundamentan en la necesidad de reactivar la economía para, de esa forma, mejorar el bienestar de la población incrementando sustancialmente su ocupación y sus deteriorados ingresos. Es un credo claramente opuesto, al que sostiene la cultural mundial dominante.

Ciertamente, la posibilidad de materializar esta nueva creencia en otro sistema social, diferente al derivado del capitalismo actual, supone suplantar el esquema de poder hoy vigente, por uno mucho más descentralizado, equilibrado, complementario y compensatorio. Pero eso será motivo de otra nota.