LAS COMUNAS PORTEÑAS REALIDAD Y PROYECTO

En nota anterior (1) mencionábamos la resistencia que había generado la puesta en funcionamiento de las Comunas en la Ciudad de Buenos Aires. Esa animosidad, sin embargo, no terminó allí sino que se extendió a lo largo de los ocho años que llevan establecidas. Durante este período se puso en evidencia la existencia de dos políticas en pugna respeto a las Comunas. Una que intenta embretarlas en el encuadre de un régimen centralizado, transformándolas en meras oficinas del gobierno central de la ciudad localizadas en los barrios. Otra que busca convertirlas en verdaderos gobiernos barriales participativos, como concreción y avanzada de la democracia participativa instituida por la Constitución de la Ciudad.

La primera política, sostenida fundamentalmente por el gobierno central de la ciudad, aunque acompañada por una parte sustancial del arco político partidario, anula la capacidad de decisión de las Juntas Comunales, por un lado y desconoce la participación ciudadana institucional de los Consejos Comunales, por el otro. La negativa del partido gobernante, durante ocho años, para reconocer a las Comunas el carácter de jurisdicción presupuestaria diferente a la del gobierno central – como lo establecen la Constitución y la Ley de Presupuesto – lo que en buen criollo significa impedir que tengan recursos propios, es un hecho concreto que, prácticamente, anula la capacidad de decisión comunal. Otro hecho significativo, en esta misma línea, es que el Poder Ejecutivo de la ciudad nunca les transfirió las competencias que les son exclusivas, o sea aquellas que solo las Comunas son las que están habilitadas legalmente a ejecutar; como el mantenimiento de los espacios verdes, de las calles, de las veredas, etc. Por el contrario, muchas de ellas, como las decisiones sobre cómo, cuando y cuales veredas deben mantenerse y qué empresas deben hacerlo, se concentraron más aún que antes. Con estas dos decisiones, el cuarto poder de la ciudad, conformado por Gobiernos Barriales autónomos, quedó absolutamente limitado y desdibujado. Por su parte el desconocimiento, a lo largo de estos ocho años, de los Consejos Consultivos Comunales como los órganos legalmente institucionalizados de participación ciudadana, muestra que no se acepta la intervención libremente organizada de la ciudadanía en la elaboración de las decisiones sobre lo que debe hacerse y no hacerse en sus barrios, así como en el control de los actos y obras públicas que se realizan. Este rechazo se acompañó con la pretensión de suplantar la participación libre y organizada de la población, por “reuniones” con vecinos y mecanismos de consultas virtuales, ambas férreamente organizadas y dirigidas por los funcionarios del gobierno de central de la ciudad, con el propósito de darle a la gestión un ropaje “participativo”.

La segunda política, sostenida e impulsada fundamentalmente por organizaciones ciudadanas vecinales y sociales, busca que las Comunas se conformen como verdaderos gobiernos barriales descentralizados y participativos. Gobiernos descentralizados, es decir con capacidad de decisión autónoma del gobierno central de la ciudad, tanto en sus competencias exclusivas como en las competencias concurrentes (2). Y gobiernos participativos, en los cuales los vecinos y sus organizaciones intervengan libre y orgánicamente en las decisiones sobre las políticas y obras públicas a desarrollarse y ejecutarse en sus barrios y su ciudad. Este modelo, amparado legalmente en la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas 1777, se sustenta en el espíritu asambleario del pueblo porteño, que si bien irrumpió abrupta y masivamente en las calles y avenidas de la ciudad aquel 19 y 20 de Diciembre del 2001, se mantiene latente en múltiples grupos de militantes y vecinos de todo tipo, apareciendo una y otra vez, en cualquier momento y ante los problemas mas diversos. Dicho sustento sociológico es la razón por la cual les resultó imposible a los impulsores de la primera política, eliminar la segunda política sobre las Comunas, a pesar de la enorme diferencia de poder a favor y los ingentes esfuerzos que realizaron para lograrlo.

El poner en práctica real y completamente los gobiernos barriales participativos es, además, el único camino para que los beneficios de la democracia participativa se conviertan en realidad.

¿Cuales son esos beneficios? El primer y gran beneficio de una democracia participativa comunal, es que su configuración estructural condiciona fuertemente a las autoridades electas y a la ciudadanía a avanzar en el desarrollo de consensos comunitarios; por encima de divisiones partidarias y grietas reales o incentivadas. Esto es así por varios motivos. Uno, porque la Comuna está conducida no por una persona, sino por un poder ejecutivo colegiado: las Juntas Comunales. Estas Juntas están integradas por siete juntistas elegidos por voto proporcional, lo que significa que están conformadas por miembros de distintos partidos que deben, sin embargo, decidir en conjunto y con responsabilidad compartida, sobre acciones y obras concretas. Es una condición que favorece más buscar acuerdos que profundizar divisiones. Otro motivo, es que esta misma condición se da en los Consejos Comunales, pero mucho más fuerte aún, porque no existe ningún elemento legal que otorgue más poder a una organización o a un ciudadano sobre otros, en las decisiones. Esto hace que los vecinos y sus organizaciones estén más proclives a encontrar y avanzar a través de acuerdos, para plantear las demandas y propuestas a las Juntas Comunales, que a ampliar y ahondar las divergencias. Otro motivo más, es que con un órgano ejecutivo colegiado – la Junta Comunal – y un órgano consultivo abierto y participativo – el Consejo Comunal – ambos muy cercanos tanto física como institucionalmente, la tendencia natural es que trabajen de forma co-operativa.

Un segundo beneficio, es que todas las actividades de las Comunas se refieren a temas visibles, palpables y fácilmente verificables por los distintos actores, debido a la cercanía propia de los barrios. Esta condición no es menor, porque hace mucho más fácil el acercamiento convergente, por parte de dichos actores, hacia los problemas y posibilidades de solución que presenta la misma realidad. Consecuentemente, se hace mucho más fácil la implementación concreta de la democracia participativa, que en ámbitos más amplios, extensos, abstractos e impalpables, como la ciudad en su conjunto, o el país todo.

Finalmente un tercer beneficio derivado de los puntos anteriores – si se convierten en realidad – es que el sentido de comunidad, de pertenencia a ella y de responsabilidad y responsabilización frente a la misma, se incrementan; tanto en los mandatarios, como en los ciudadanos. Lo cual nos es poco en el desarrollo de hábitos políticos más sanos para todos.

(1) LAS COMUNAS PORTEÑAS: UNA INSTITUCIÓN RESISTIDA Junio de 2019
(2) Ley Orgánica de Comunas 1777 Artículos 4º, 10º y 11º

EL DESAFÍO DE CERRAR LA GRIETA I

Más allá del uso político que se le dio, para dividir al país entre buenos y malos, corruptos y puros, etc., la grieta es una realidad. Y cerrarla es un desafío muy importante, debido a las tremendas consecuencias destructivas que produce, en cualquier sociedad, el ir y venir en direcciones políticas diametralmente opuestas. Sería imposible contar la cantidad de proyectos individuales, grupales y colectivos que se han frustrado en nuestra historia reciente, a causa de estos cambios radicales de orientación política, con su secuela de empresas, recursos, esperanzas y voluntades dilapidadas. Pero es también una apuesta muy difícil de llevar a buen término, no solo porque la grieta viene de muy lejos, lo que le otorga solidez, sino porque tiene aspectos muy distintos, aunque imbricados entre sí, lo que torna muy compleja su superación.

Entre todos los aspectos que componen la grieta, los dos mas relevantes son la identidad y la trama de intereses de clases.

La identidad se refiere a la percepción que la comunidad argentina tiene de sí misma. Es lo que cree y siente que es. El antagonismo planteado hace tiempo entre “civilización o barbarie” describe bastante bien la grieta que subyace, aún hoy, en la definición de lo que creemos ser. De un lado existe una visión del país que lo considera parte y continuación de la sociedad europea, de la que se siente provenir. Del otro hay una percepción que pone el acento en nuestra originalidad, tanto del territorio como de la población que lo habita y sus historias. Estas dos formas de concebirnos, generan orientaciones políticas opuestas. La primera tiende a imitar todo lo de origen europeo y a excluir lo que no se adecua a él, rechazando y desvalorizando lo que, por emerger de esta tierra y su mezcla única y original de poblaciones, nos distingue claramente de la realidad ultramarina. La segunda, por el contrario, tiende a crear algo propio, valorando todos los componentes que contiene la comunidad en que se vive, incluidos los elementos de origen europeo que se incorporaron a esa realidad social (1). Esta oposición en la forma en que nos concebimos a nosotros mismos, es un componente central de la grieta.

El otro, es la trama de intereses de clases, es decir, el complejo de condiciones materiales que le convienen a una clase social, o sector de ella, para mantener o mejorar su posición en la sociedad. En este aspecto, la contradicción central del país se da entre dos de estos complejos. Uno, es un sector sustancial de la clase alta cuya posición se funda en ser parte de los procesos de intermediación de capitales y bienes con los centros económicos mundiales dominantes; tanto de la toma de deuda y la remisión de capitales al exterior, cuanto de la exportación y la importación. Otro, integrado por gran parte de las clases media y baja, cuya posición en la sociedad depende, en general, de la producción y compra venta de productos y servicios en el país. Es fundamental comprender las consecuencia que esta divergencia de intereses implica. Significa que gran parte de la clase alta del país puede sostener y mejorar su situación, mientras las rentas producidas por su intervención en la toma de deuda externa, en la remisión de capitales al exterior, en la exportación y en la importación, se mantengan; aunque el mercado interno se deprima hasta niveles popularmente intolerables. Significa, a su vez, que la mayor parte de las clases bajas y medias pueden conservar o mejorar su posición, siempre que la producción y compra venta de bienes y servicios en el mercado interno se mantengan; aunque la exportación, la importación, la toma de deuda externa o la remisión de capitales al exterior, tuvieran poco desarrollo. Esta divergencia de intereses no implica que en el sistema económico nacional, las actividades mencionadas estén desconectadas; muestra que en ellas juegan clases y sectores de clases con intereses claramente divergentes, lo que incide sobre la forma, complementaria o antagónica, en que dichas actividades se conectan (2).

La combinación de las diferentes identidades, con la divergencia entre estos intereses, le da forma a los dos polos de la grieta. De un lado un país pensado, sentido e intentado construir desde los criterios y necesidades de los centros mundiales dominantes, sobre los que se monta una porción de la población para obtener ideas y beneficios; es decir, un país ”externo-configurado”. Del otro, un país pensado, sentido e intentado construir desde las miradas y necesidades propias, sobre cuya dinámica se sustenta otra parte de la población y de la que extrae sus pensamientos y beneficios; es decir, un país “interno-configurado”.

Ambos polos son incompatibles y mutuamente excluyentes; o se concibe y construye un país en función de las visiones e intereses externos, o se lo hace en función de las visiones e intereses propios. Esto no quiere decir que el polo interno-configurado excluya y elimine las ideas y actividades del mundo exterior, ni viceversa; la cuestión es cual de los dos se convierte en el eje estructurante del país y sus políticas, subordinando al otro. Es decir, si el interno-configurado domina y logra que las ideas y necesidades externas se utilicen en beneficio de lo propio, o si el externo-configurado se convierte en dominante, haciendo que las ideas y necesidades propias jueguen para beneficio de los intereses externos con los que está vinculado.

Los dos modelos de país y sus respectivos sostenedores, forman los polos de la grieta que – para no remontarnos demasiado – se pusieron claramente de manifiesto durante el siglo XX y vienen luchando entre sí hasta la actualidad. Desde los gobiernos yrigoyenistas emergentes del sufragio universal y el golpe de estado de 1930 que desemboca en el tratado Roca Runciman, hasta los dos gobiernos kirchneristas y el actual gobierno macrista, pasando por el “hecho maldito” del peronismo y la serie de golpes y proscripciones intentando eliminarlo, no son más que batallas de esta larga guerra interna aún no resuelta. Aún no resuelta porque ambos polos de la grieta, a la vez que incompatibles, son muy poderosos. Pero no por eso resulta imposible cerrarla, como veremos en una nota posterior.

(1) Para profundizar el tema ver en este blog ELEMENTOS DE LA GRIETA A RESOLVER I: LA IDENTIDAD Noviembre. 2016
(2) Para profundizar el tema ver en este blog ELEMENTOS DE LA GRIETA A MODIFICAR I: LOS INTERESES Septiembre 2017